El camino jurídico de Juana Rivas

Por Rocío Rodríguez (@roro5617)

Desde que salió a la luz este mediático caso hace apenas unos meses, la granadina Juana Rivas ha sido foco de todos los medios por su constante afán por proteger a sus hijos de Francesco Arcuri, del cual ha recibido malos tratos.

Rivas ha contado con el apoyo de numerosos colectivos que se han manifestado públicamente a través del hastag #JuanaEstáEnMiCasa, y sus peticiones se han elevado hasta el más alto Tribunal de nuestro ordenamiento jurídico, ¿qué ha sucedido para llegar hasta este punto? ¿Por qué se ha llegado tan lejos con este caso?

Antecedentes

Todo comenzó en 2009 con la primera denuncia interpuesta por Juana a su marido, la cual dio lugar a la sentencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Granada, que condenaba al marido a 3 meses de prisión y establecía una orden de alejamiento con una duración de 1 años y 3 meses. Francesco Arcuri aceptó la condena y retiró una denuncia que él había interpuesto en contra de Juana.

Por aquel entonces la pareja tenía un hijo, el cual se quedó a cargo de Juana.

En 2013 la pareja retomó la relación y tuvieron un segundo hijo al año siguiente. Se trasladaron a Carloforte, en Italia, y dos años después, en julio de 2016, Juana interpone una nueva denuncia ante la Guardia Civil y ante el juzgado de Primera Instancia de Granada. A partir de este momento Juana está con sus hijos en España en contra de la voluntad del padre. El procedimiento legal acaba de comenzar.

Procedimientos

En relación a la denuncia interpuesta por Juana en julio de 2016, el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Granada dicta la entrega inmediata de los menores a su padre en diciembre de ese mismo año. Siempre que hay una sentencia y alguna de las partes no está conforme, existe la posibilidad de recurrirla, pero esto tiene que realizarse ante un organismo judicial superior.

La sentencia se recurre ante la Audiencia Provincial de Granada, que ratifica la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº3 y ordena la entrega de los hijos al padre en abril del 2017.

Mientras tanto, en Italia, tras un año transcurrido entre la interposición de la denuncia por parte de Juana y la llegada de ésta a las autoridades italianas competentes, Italia reclama la devolución de los niños en cumplimiento del Convenio de La Haya sobre Sustracción Internacional de Menores:

“Deseosos de proteger al menor, en el plano internacional, de los efectos perjudiciales que podría ocasionarle un traslado o una retención ilícitos y de establecer los procedimientos que permitan garantizar la restitución inmediata del menor a un Estado en que tenga su residencia habitual, así como de asegurar la protección del derecho de visita”

La siguiente vía procesal para Rivas era seguir recurriendo la sentencia con la que no estaba conforme ante instancias superiores.

Cuando un Juzgado de Primera Instancia emite una sentencia, se recurre ante la Audiencia Provincial que corresponda, el siguiente recurso tendría que interponerse ante el Tribunal Superior de Justicia. En caso de seguir en desacuerdo, habría que interponer recurso ante la Audiencia Nacional. El siguiente recurso sería en el Tribunal Supremo, que ya sí que supone el agotamiento de la vía judicial tras haber pasado por todas las instancias precedentes.

Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional es el órgano español que ejerce la función de intérprete de la Constitución Española, es independiente en su función, es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio español. Tras haber agotado la vía judicial, existe la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante este tribunal. Este recurso puede interponerlo el titular del derecho fundamental o cualquier persona que tenga interés legítimo en la causa, tanto por la obtención de un beneficio como por la desaparición de un perjuicio.

Rivas ha presentado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en dos ocasiones: en la primera de las ocasiones, el recurso se rechazó alegando que no se había agotado la vía judicial previa. Según está establecido en nuestro ordenamiento jurídico, antes de recurrir al Tribunal Constitucional, hay que recurrir ante todos los tribunales ordinarios, que son los primeros garantes en el ordenamiento jurídico; así se agota la vía judicial previa, cosa que en este caso no se hizo ya que se presentó este recurso tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada.

Se presentó un segundo recurso en julio de 2017, el cual ha recibido rechazo por estar fuera del plazo establecido. El plazo para presentar recurso ante el Tribunal Constitucional es de 30 días contados desde la fecha de la resolución que motivó la decisión de presentar el recurso – en este caso abril de 2017-.

Actualmente el procedimiento de reclamación de los niños iniciado por las autoridades italianas sigue su curso y se ha ordenado la vuelta de los hijos a Italia, donde serán vigilados por técnicos de los servicios sociales de Carloforte, municipio donde reside Arcuri. Los técnicos tendrán que evaluar a los menores y a su padre y presentar un informe para que ambos progenitores comparezcan ante los tribunales italianos para resolver la cuestión de la custodia el próximo mes de octubre.

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