La UE mantiene los controles fronterizos en una crisis migratoria sin fin

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Campamento de refugiados de Calais, en Francia.

Por Nicolás Ribas (@nicolasribas_)

Lo anunció el martes pasado Dimitris Avramópoulos, el comisario de Migración, Asuntos Internos y Ciudadanía de la Comisión Europea. La Comisión ha propuesto prolongar los controles en las fronteras interiores como medida excepcional y para un periodo limitado a tres meses. Después de esos tres, en palabras de Avramóupolos, los Estados miembro volverán al funcionamiento normal de Schengen, esto es, a la libre circulación de personas dentro de los límites fronterizos de la UE.

La UE acuerda crear una nueva guardia europea de fronteras.

Según el comisario de Migración, el nuevo cuerpo de guardia costera y de fronteras entrará en pleno funcionamiento durante las próximas tres semanas. El objetivo es controlar y gestionar el flujo de refugiados que piden asentamiento en alguno de los todavía 28 Estados miembro de la Unión. Por un lado, permitirá a los países acudir a ella en caso de recibir una gran afluencia de personas consecuencia de la crisis migratoria y, por otro, evitar la reintroducción de controles fronterizos internos, siempre y cuando el país no se niegue a cooperar con la nueva agencia, destinada a ampliar la labor de Frontex (Agencia Europea para la Gestión de Fronteras). El artículo 29 del código de fronteras Schengen permite la reintroducción de controles internos temporales como los que están aplicando algunos Estados de la UE.

Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega (Noruega no forma parte de la Unión Europea, pero sí del espacio Schengen) son algunos de los países que temen el desplazamiento de los 60.000 refugiados que esperan en Grecia para cruzar las fronteras y solicitar asilo. Para la UE son inmigrantes ilegales, que deben ser reubicados en Turquía como parte del acuerdo alcanzado en materia migratoria, con lo cual justifican que algunos países miembro hayan introducido controles en sus fronteras para evitar su llegada.

La Comisión insiste en que son “medidas excepcionales” y que el objetivo es que se reduzcan de forma progresiva, hasta volver al funcionamiento normal de Schengen, al tiempo que admiten que la libre circulación de personas es uno de los pilares del proyecto europeo, al que no pueden renunciar.

Desmantelado el campamento de refugiados de Calais.

A pesar de que el comisario de Migración, Dimitris Avramópoulos afirmara el pasado martes que “la evacuación de Calais se ha hecho en condiciones de respeto y dignidad” y que “la Comisión la apoya en esas condiciones”, diferentes organizaciones humanitarias afirman lo contrario.

Según Médicos Sin Fronteras, al menos 600 menores estarían deambulando solos, sin la asistencia y las condiciones humanas mínimas, mientras las autoridades francesas y europeas incumplen la legislación. Otros datos apuntan que 1000 de las 9000 personas (otras cifras hablan de 7000) que malviven “hacinados y olvidados”, serían menores. Las cifras varían dependiendo de las fuentes consultadas.

La mayoría de ellos tienen como objetivo llegar al Reino Unido. La gran mayoría afirma que volverán a Calais y que sus objetivos no varían con esta evacuación. En cuanto a los menores, tienen derecho legal a desplazarse al Reino Unido, después de un acuerdo alcanzado entre Francia y los británicos.

Turquía no es un país seguro.

La Comisión Europea sigue empeñada en reubicar a los solicitantes de asilo en Turquía, después del acuerdo alcanzado con el país otomano. Pero Turquía dista mucho de ser un país seguro, mucho menos después del intento de golpe de Estado y las consiguientes medidas represivas que puso en marcha Erdogan, sátrapa que gobierna el país con mano de hierro.

Un reciente reportaje de la BBC, la cadena pública británica, denuncia que refugiados sirios, entre ellos menores de edad, son explotados de forma ilegal en fábricas de Turquía, produciendo ropa para reconocidas marcas como Mango, Zara, Marks and Spencer y Asos.

Turquía es uno de los puntos más débiles de una crisis migratoria mal gestionada, que evidencia que para la Unión Europea el derecho internacional y los compromisos firmados no son lo más importante.

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