CETA: el caballo de Troya de la Unión Europea

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Por Nicolás Ribas (@nicolasribas_)

El Acuerdo Económico y Comercial Global, más conocido por sus siglas en inglés como CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), es el tratado de libre comercio que la Unión Europea ha cerrado con Canadá, con el objetivo de facilitar los intercambios comerciales y económicos entre ambas potencias.

Entonces, ¿solo es un tratado comercial?

No. Sus promotores no paran de ensalzar las innumerables ventajas y bondades que atribuyen al acuerdo: medidas para eliminar las barreras al comercio, acceso al mercado de bienes y servicios, participación de empresas extranjeras en los concursos públicos, regulación de las tarifas aduaneras, fijar los estándares sociales en cuanto a protección alimentaria, sanitaria y medioambiental…

Multinacionales pondrían en jaque a los Estados a través de tribunales de arbitraje privados.

El punto más peligroso del controvertido tratado es el que se refiere a tribunales de arbitraje privados que podrían dirimir los conflictos entre las empresas transnacionales y los Estados. El Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS) es un mecanismo que establece que inversores y multinacionales extranjeras pueden solucionar los conflictos sin pasar por los tribunales ordinarios del país, cuando consideran que las decisiones del Estado perjudican sus negocios. Si, por ejemplo, el Gobierno español sube los impuestos del tabaco y, como consecuencia directa o indirecta, las empresas tabacaleras ingresan menos dinero por una caída de las ventas, Philip Morris podría denunciar al Estado español por legislar de manera desleal a sus intereses y pedir una indemnización por ello. Es decir, las transnacionales gozarían de privilegios que les permitirían reclamar millones de euros en compensación cuando consideren que las leyes limitan su capacidad de ganar dinero. Y esto vale también para todo lo demás: gobiernos que legislan para aumentar los estándares sociales, laborales, medioambientales, fitosanitarios…

La Asociación Alemana de Jueces cuestiona severamente la compatibilidad de esta jurisdicción paralela con el orden jurídico de la Unión Europea y advierte de que limita la capacidad de los Estados de regular y legislar según el interés público.

Otra renuncia de la socialdemocracia.

La socialdemocracia está en crisis en toda Europa. Y lo está, no porque su antigua base social ya no demande las políticas asociadas a la socialdemocracia, sino porque ya no ve grandes diferencias entre los socialdemócratas y los liberal-conservadores. En el Parlamento Europeo, los socialdemócratas votan de la mano de los populares aproximadamente un 75% de las resoluciones que se presentan en la eurocámara. La Comisión Europea, el órgano ejecutivo y legislativo de la Unión Europea, está formado esencialmente por liberales (centro-derecha) y socialistas (centro-izquierda).

Las etiquetas son ilusorias, porque ambos, liberales y socialdemócratas, coinciden en lo esencial: sumisión a las leyes del mercado, sumisión a la lógica economicista y neoliberal del mundo, sumisión a la deuda ilegítima (socialización de pérdidas y privatización de beneficios y el paso de la deuda privada a deuda pública), sumisión a las políticas de austeridad… Sumisión. Es una falsa dicotomía de la que ni tan siquiera se ha salvado Syriza, partido ideológicamente encasillado en la izquierda. La Comisión Europea dice que es democrática y que acepta la voluntad de los pueblos europeos, mientras amenaza continuamente a los griegos que se atreven a cuestionar sus dictados, secuestrando su democracia y obligándoles a adoptar sus políticas incluso cuando votan contra ellas.

El último caso flagrante de renuncia socialdemócrata ha sido el que concierne al PSOE. Después de haberse presentado con los lemas ‘Un Sí por el cambio’ y ‘NO a Rajoy’ a las elecciones del 20D y del 26J, el PSOE va a entregar generosamente el gobierno al PP, y a cambio de nada. Hemos pasado de la renuncia del marxismo de Felipe González y el ‘OTAN, de entrada no’ al ‘NO a Rajoy’ para acabar apoyando tanto a unos como a otros. Este nuevo giro copernicano va a ser muy difícil de explicar a la militancia y a sus votantes, quienes ven con resignación cómo el partido está completamente fracturado y dividido. Y lo que es peor: sin proyecto de Gobierno. Ni de país.

En Europa, la última renuncia de la socialdemocracia ha sido aceptar el CETA, sin cuestionarlo. Un acuerdo contrario a la tradición política europea y que únicamente ha contado con la rebelión del Parlamento valón, gobernado por los socialistas belgas. En Bélgica, los parlamentos regionales tienen competencias para rechazar o aprobar tratados internacionales. Paul Magnette, presidente de la región de Valonia, ha recibido presiones indecentes por parte del Gobierno belga, de Canadá y de la Comisión Europea para aprobar un acuerdo que no es democrático, ni mucho menos progresista. De momento, han rechazado el acuerdo, lo cual lo pone en stand by provisionalmente. Aun así, el 90% del acuerdo, la parte de competencias exclusivas de la UE, entrará en vigor antes del voto de los parlamentos nacionales y regionales (caso de Bélgica).

La opinión pública, movilizada.

Nunca un acuerdo comercial había generado un rechazo tan grande como el que supone el CETA (el TTIP, un acuerdo similar aunque no igual, genera un rechazo todavía mayor). ONG’s, partidos políticos, organizaciones ecologistas, sindicatos, personas y ciudadanos de toda índole, ven con temor que este acuerdo pueda ir en detrimento de los servicios públicos, la protección social y laboral o los estándares de protección alimentaria.

Uno de los principales argumentos de la Comisión Europea es que este acuerdo supuestamente beneficiaría a las pequeñas y medianas empresas, argumento que no se sostiene en datos ya que el 99% de las pymes no exportan sus productos más allá del Atlántico. También argumentan que el acuerdo generará muchos puestos de trabajo, pero otros datos apuntan a la destrucción de 200.000 puestos de trabajo.

Pero, sin duda, lo que más polémica genera es que empresas multinacionales puedan poner en jaque a un Estado a través de tribunales de arbitraje privados y exigiendo indemnizaciones millonarias.

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