Barroso y las puertas giratorias desprestigian a una UE muy dañada

EC President - Jose Manuel BARROSO

Todos los focos apuntan a Barroso, expresidente de la Comisión Europea, tras su fichaje por Goldman Sachs. Fotografía: Parlamento Europeo

Las puertas giratorias no son un fenómeno exclusivo español. Mientras que en España el último caso lo ha protagonizado el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria (quien dimitió por su presunta vinculación con paraísos fiscales tras la publicación de los Papeles de Panamá) al ser colocado por el PP en el Banco Mundial (finalmente renunció por la polémica que suscitó y los cálculos coste-beneficio del ejecutivo de Rajoy de cara a unas hipotéticas terceras elecciones) en la Comisión Europea están que trinan por el último caso de revolving doors que ha afectado en el seno de la Unión.

José Manuel Durão Barroso, expresidente de la Comisión Europea entre 2004 y 2014, ha fichado por el banco de inversión Goldman Sachs, con graves responsabilidades en la crisis financiera. Esta decisión invita a pensar que algunas de las decisiones importantes que se han tomado los últimos años pueden haber estado influenciadas por la sombra de Goldman Sachs. Cuando Durão Barroso era el presidente de la Comisión, Goldman Sachs ayudó a falsear las cuentas griegas para que el país heleno entrara en el club europeo, a pesar de que no cumplía con las condiciones. Y es la misma UE la que está asfixiando ahora a los griegos con el chantaje y la imposición del pago de la deuda cuyo importe es tan elevado que los griegos se han visto incluso obligados a poner en venta infraestructuras, aeropuertos e islas. Cuando a finales de 2011 estallaron las crisis graves en Italia y en la propia Grecia, la Comisión Europea, liderada por Barroso, colocó como primeros ministros a dos economistas que no fueron elegidos democráticamente: Mario Monti y Lucas Papademos, ambos vinculados a Goldman Sachs. Monti había sido asesor del banco estadounidense y Papademos era el gobernador del Banco de Grecia cuando los helenos contrataron los servicios del banco de inversión con el objetivo de maquillar el déficit.

Aunque Barroso ha cumplido con la normativa europea que indica que tras dejar un cargo importante en el seno de la UE no se puede acceder a una empresa privada hasta pasados los 18 meses (en el caso de Barroso pasaron 20), las voces críticas apuntan en la dirección de un grave conflicto de intereses. Tanto es así que la defensora del pueblo europeo ha pedido a Juncker, presidente de la Comisión Europea, que aclare el caso Barroso.

No hay que olvidar tampoco que el expresidente cobra 18.000€ al mes por los servicios prestados, pagados por el bolsillo de los ciudadanos de los 28 países miembros. Buscar ingresos adicionales en un banco cuyas malas prácticas era lo que la Comisión había prometido perseguir cuando hablaba de acabar con “el capitalismo salvaje” es bastante escandaloso. Y no parece la mejor formar de mejorar la credibilidad de un proyecto minado y desacreditado por las crisis ligadas a la economía, el “Brexit”, los flujos migratorios o el acuerdo alcanzado con Turquía.

Tal vez los dirigentes europeos deberían empezar a reflexionar las causas del “Brexit”, el aumento del populismo de derechas en Europa, el ascenso progresivo de los partidos de la izquierda radical, así como la percepción cada vez mayor de unos ciudadanos que sienten que las decisiones fundamentales que les afectan se toman cada vez más fuera de los organismos democráticos, sin tener en cuenta su opinión y con el mandato de obedecer a los intereses financieros. Las negociaciones en torno al TTIP (Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión) son un claro ejemplo de ello. Tal vez haya llegado el momento de reconstruir Europa en base a unos verdaderos valores y principios democráticos.

De momento, Juncker ha anunciado a la defensora del pueblo, Emily O’Reilly, que Barroso perderá el “acceso privilegiado a la institución” y pasará a ser tratado como un “lobista” más. Una decisión que no ha gustado nada al señor Barroso y que ha calificado de “discriminatoria”.

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