Lo público como derecho

Por Marina Corredor (@BeastInstincts)

rtve

Bien es conocido por todos la manipulación que ha sufrido la televisión pública en los últimos años. Una manipulación flagrante, donde los informadores se han visto colocados en una posición desagradable, donde han sido obligados a dar información muy poco veraz e incluso falsa.

Sabemos de estas tropelías gracias al Consejo de Informativos de TVE, un órgano creado con la nueva Ley de la Corporación de la Radio y la Televisión Pública. Este consejo está formado únicamente por profesionales y se encarga de que se cumplan los principales preceptos de un medio público: la independencia de la información, velar por la objetividad y la veracidad de la información, que los informativos tengan una independencia editorial… Lo supuestamente normal en un medio público. Un órgano que también puede pronunciarse y denunciar si existen abusos o denuncias o incluso si no están de acuerdo con una información dada (y pueden crear una versión distinta sólo si está respaldada por el 50% de los miembros reunidos).

Sin embargo, desde la mayoría absoluta del PP en 2011, la calidad y la independencia de RTVE  fueron cayendo paulatinamente, hasta llegar al estado actual de degradación casi absoluta. Unos cambios introducidos con secretismo, desde las sombras, quitando a profesionales y colocando a individuos como Mariló Montero, personaje que ha hecho de la televisión pública un chiste.

Televisión Española ha pasado de ser una referencia de cómo se deben hacer las cosas en el mundo audiovisual a ser una de las vergüenzas del periodismo español.

Atrás quedan los tiempos donde los informativos de TVE eran líderes absolutos de audiencia día sí y día también, donde programas míticos como Informe Semanal estaban en prime time los sábados y se llevaban un buen mordisco de los visionados, donde los periodistas ejercían una labor ímproba y casi intachable en sus quehaceres.

Sin ir más lejos, Mariló declaró el pasado viernes 29 en directo, desde su programa, lo siguiente:

“Lo que pasa es que también tienen que ver ustedes [PSOE] la fecha de caducidad de los asuntos de corrupción y las fechas de cuándo han sido cometidos esos actos de corrupción y cuándo se están cometiendo los otros”.

Ese fue el cierre de la entrevista que realizó a la secretaria de participación del PSOE, María González Veracruz. Una declaración sonrojantemente  vergonzosa y que ningún trabajador de la corporación pública se hubiese atrevido nunca a decir en directo, desde su trono de presentador. Los medios públicos no deben de ser panfletos de propaganda al servicio del gobierno de turno, sino un instrumento para que la opinión pública pueda obtener información de otra manera, sin sesgos ideológicos. Algo esencial para la comunidad y para la cohesión de la sociedad.

Sin embargo, ya existían precedentes de gobiernos anteriores: Alfredo Urdaci se llevó una condena de la Audiencia Nacional que le obligaba a rectificar una información de la huelga general de 2002. Y sin duda, uno de los intentos más burdos de mentir flagrantemente a la opinión pública: los atentados del 11 de marzo de 2004, cuando el presentador atribuyó el atentado a ETA mientras ya se tenían indicios de que había sido un atentado yihadista.

El Consejo de Informativos pidió el pasado 21 de enero, después de una reunión y a través de un comunicado, que se necesitaba urgentemente una “regeneración ética y profesional de los informativos de TVE”. Y no son los únicos que lo piden. Tanto trabajadores como espectadores claman que se retorne a la TVE pública de hace 5 años.

Hay voces que claman que los medios públicos no son más que agujeros donde va el dinero de los contribuyentes, empresas que sólo tienen pérdidas. El gran error es llamar a estos medios empresas, porque no buscan el beneficio: el objetivo no es que el Estado saque un rédito monetario. El beneficio ha de radicar en la opinión pública, que tengan a su disposición pluralidad cultural, informativa, independencia, entre otros valores inherentes a estos medios de titularidad pública.

Bien es cierto que dentro de esta maraña de declaraciones ridículas, numerosísimas protestas y quejas, TVE sigue produciendo series de calidad, al nivel casi de la BBC, su homóloga europea. Títulos como Cuéntame (exportada a diversos países del mundo), Los misterios de Laura (formato exportado a Estados Unidos) y El ministerio del tiempo siguen arrastrando al espectador a la difícil franja horaria nocturna, mientras cosechan éxitos gracias a la calidad de las producciones, a un excelente servicio de documentación y al gran trabajo de guionistas, cámaras, realizadores y otros profesionales. No todo está perdido.

La Constitución Española, en su artículo 20 y sus distintos apartados, aboga por la libertad de expresión y la libertad de información. Aboga por las garantías de los medios públicos. Aboga para que nosotros, los ciudadanos, podamos tener diversidad de medios, de información y que no nos quedemos con una sola versión de las cosas.

Tener medios públicos independientes no es un capricho. Es una necesidad y un derecho, y todos debemos luchar para recuperar la calidad, la veracidad y la neutralidad de una televisión y una radio que son nuestros.

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