El precio de la información

Fuente: endigitos.com

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Por Marina Corredor (@BeastInstincts)

¿Cuánto cuesta tener una línea telefónica, con tarifa para móvil y acceso a Internet en España? Dependiendo de la compañía y de la tarifa que escojamos, por ejemplo, podemos disponer de líneas móviles con 2 GB de datos, un teléfono fijo con llamadas ilimitadas a otros terminales fijos, Fibra Óptica con 300Mbps de subida y 30Mbps de bajada, además de televisión, con numerosos canales. Todo esto por unos 77€ al mes y sin permanencia.

Parece un buen trato, ¿verdad? Pero la realidad es otra. Según un informe publicado en 2012 por la Asociación de Internautas, España es uno de los países de la Unión Europea con uno de los ADSL más caros de todo el continente, sólo superado por Polonia. En 2013 la situación mejoró ligeramente, pero seguimos estando a la cola en lo que a servicios de Internet y difusión se refiere.

Imagen de PCactual.com

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Citando el estudio-comparativa de precios de banda ancha en la Unión Europea de 2013 de la Asociación de Internautas, en España se necesita universalizar la banda ancha, comúnmente conocida como ADSL, para que la totalidad de la población pueda disfrutar de las telecomunicaciones. Igual que en telefonía; se han aumentado las antenas en zonas rurales pero todavía siguen existiendo puntos ciegos que dificultan enormemente la comunicación en los tiempos que corren.

En dicho informe también se comenta la necesidad de la transparencia a la hora de ofrecer estas tarifas y los servicios que se pueden contraer. Citando textualmente: “Es preciso profundizar en la transparencia, facilitando a los usuarios información veraz que evite problemas futuros entre las partes, empezando por la publicidad de las velocidades de descarga de los operadores que con sus fórmulas “hasta 20 Megas” inducen al usuario a creer que recibirá un servicio que en la mayor parte de los casos no es posible lograr. No todo vale para captar clientes”, es decir, las compañías tergiversan los datos que ofrecen en sus ofertas para hacer creer al futuro cliente que dispone de mejores conexiones, cuando en la mayoría de los casos, esos 20 megas son la velocidad máxima de descarga, nada más allá de la realidad.

Actualmente, con la fibra óptica, las velocidades han cambiado sustancialmente y se permite un mayor acceso a la red y a todo el contenido que ofrece, pero no todo el mundo puede obtener tan fácilmente esa velocidad, ya bien sea por la zona en la que está situada o hasta por dificultades estructurales en edificios más antiguos (fachadas protegidas, por ejemplo). Sin embargo, para entender todo lo que ocurre en España con respecto al acceso a las nuevas tecnologías y a Internet, hemos de remontarnos varios años atrás, a principio del milenio, para rescatar algunas directivas y sentencias del Parlamento Europeo en estos aspectos.

La Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) regula los servicios de internet y telefonía en cada país, ateniéndose a varios puntos básicos, como que se han de establecer unos precios asequibles, que ha de haber libre competencia y que se ha de poder garantizar el servicio a la población, tanto en telefonía como en acceso a Internet. Pero en España esta directiva es de difícil cumplimiento: como se ha mencionado anteriormente, sigue habiendo zonas sin cobertura, lugares donde no ha llegado Internet todavía o donde tienen una conexión excesivamente lenta que perjudica el flujo de información, tarifas impensables con los sueldos actuales españoles… Por mencionar algunos ejemplos.

Esta directiva aboga por garantizar un servicio universal (prestar un determinado conjunto de mínimos a todos los usuarios por un precio asequible), pero que esta garantía “puede implicar la prestación de algunos servicios a algunos usuarios finales a precios que difieran de los resultantes de unas condiciones de mercado normales”, y que además, no distorsione la competencia. Es decir, esta directiva garantiza a todos los ciudadanos europeos poder disfrutar de las telecomunicaciones a precios accesibles para la gran mayoría de la población, aunque haya suplementos en el servicio que incrementen ligeramente el precio pero sin destruir la competencia. Cosa que en España no pasa.

El mercado está repartido entre Movistar (la antigua Telefónica), Vodafone y Orange. Es verdad que existen otras empresas más pequeñas, como Yoigo o Jazztel, pero que están supeditadas a las tres grandes empresas para ofrecer cualquiera de sus servicios. Vodafone, por ejemplo, acabó comprando Ono y absorbió absolutamente todos sus servicios. Hacen creer que existe una competencia sana y extensa de mercado pero en realidad se asemeja más a un oligopolio, o una repartición del mercado.

Esta directiva establece, de igual manera, que todos los números de servicios de emergencia o de avisos han de ser completamente gratuitos, y que además, se ha de poner en conocimiento de éstos la existencia de dichos números para proporcionarles seguridad a nivel europeo.

Además, protege al ciudadano frente a intereses puramente monetarios para garantizar una libre transmisión de información, ya no sólo mediante el teléfono, sino también por Internet, obviando las localizaciones geográficas complicadas (el Estado y las empresas han de colaborar) y la rentabilidad de dichas líneas. Esta normativa blinda, por expresarlo de alguna manera, uno de los derechos humanos más importantes, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Esta directriz es una llamada a los Estados miembro para advertirles de que no pueden negar este servicio, actualmente básico en la sociedad en la que vivimos, por razones geográficas o monetarias. Se debe garantizar el acceso a la información y a la difusión en todos los ámbitos, y permitir una comunicación estable entre los ciudadanos. Han de primar los derechos fundamentales en vez de la rentabilidad de colocar una antena en cierto sitio o hacer que los ayuntamientos ayuden a poder colocar fibra óptica en edificios antiguos, por ejemplo.

Se necesita una mayor inversión estatal, aparte de investigación en este sector, para conseguir que España pueda ofrecer un buen servicio de Internet y de telefonía, y además, velar por los intereses ciudadanos más que por los de las propias empresas; no se puede consentir los pasos casi eternos y farragosos que existen actualmente para dar de baja una línea o para poner una reclamación en el servicio. Las empresas de telecomunicaciones han de estar al servicio de los ciudadanos y del Estado, trabajando codo con codo con éste último para avanzar en el terreno comunicativo.

También es necesaria una rebaja en los precios, o tarifas más flexibles, y una auténtica competencia que permita que el ciudadano pueda elegir la compañía que más le conviene. Los precios en fibra óptica, con tarifas que aglutinan varios servicios, no bajan de los 60€, y un ADSL, también con varios servicios, tienen una media de precio de 40€. La situación actual de España, con mucha gente parada y con sueldos que difícilmente se pueden estirar mucho, necesita de precios adecuados al contexto actual del país; no se puede prescindir con tanta facilidad del acceso a la información.

Una sociedad del siglo XXI no puede permitirse que sus ciudadanos no posean ni la infraestructura necesaria ni los medios propios para poder acceder a la información que deseen, ni a una comunicación abierta y libre. En otros estados disponen ya de una Administración Electrónica que permite hacer multitud de gestiones en casa con una conexión a Internet, sin colas ni esperas, y el teletrabajo, una utopía en los tiempos que corren dentro de nuestras fronteras. La implantación del DNI electrónico en España fue dificultosa y es todavía complicado poder hacer algunas gestiones sencillas con el lector de DNI desde nuestra propia casa, e incluso a veces desde la propia administración, y algunos mecanismos y herramientas, como el Programa Padre para hacer la declaración de la renta, están completamente obsoletos y son, en ocasiones, complicados de usar.

España necesita un plan real y realizable que permita que todas las infraestructuras de comunicación, servicios y herramientas online, tengan una implementación y unas prestaciones adecuadas, accesibles y entendibles a todos los ciudadanos, además de tener unos precios adecuados y útiles para la mayoría de la población. En pleno 2015 no se puede prescindir de la información.

 

Para saber más:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1447109472381&uri=CELEX:62008CJ0545 – Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Comisión Europea contra República de Polonia. Incumplimiento de Estado – Comunicaciones electrónicas – Directivas 2002/21/CE y 2002/22/CE – Proveedor de servicios de acceso a Internet de banda ancha – Imposición a las tarifas de los servicios de acceso a Internet de banda ancha de la obligación de obtener una autorización y de la fijación sobre la base de los costes de la prestación de esos servicios – Falta de análisis del mercado.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1447109472381&uri=CELEX:32002L0022 – Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal).

http://www.pcactual.com/articulo/actualidad/reportajes/12339/espana_tiene_las_comunicaciones_mas_caras_europa.html – Reportaje comparativo sobre las comunicaciones europeas y la española.

http://www.internautas.org/archivos/E_UE_BA_2013.pdf– Estudio-comparativa precios banda ancha en la Unión Europea (2013), Asociación de Internautas.

http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Telecomunicaciones/Informes/Informes%20Anuales/2014/Informe%20Telecomunicaciones%20CNMC%202014.pdf – Informe Económico de las Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual 2014.

 

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